viernes, 15 de diciembre de 2017

El caso Rivière

En 1973, el filósofo Michel Foucault encabezó un grupo de diez miembros del Collège de France que estudiaban la historia de las relaciones entre la psiquiatría y la justicia penal y por el camino –como ellos mismos reconocieron– se encontraron con el caso Rivière. El resultado de aquella investigación fue una obra titulada Yo, Pierre Rivière, habiendo degollado a mi madre, mi hermana y mi hermano... [Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mom frère] en la que recopilaron un considerable número de elementos notables sobre aquel crimen: los divergentes informes médicos [incluyendo los firmados por los nombres más importantes de la psiquiatría y de la medicina legal de la época (Esquirol, Marc, Orfila, etc.)]; diversas piezas de los autos (como las declaraciones de los testigos); la autobiografía que fue escribiendo el propio acusado durante su encarcelamiento; los artículos que aparecieron en la prensa; y otros documentos conservados en los archivos municipales. Al recopilar esa pluralidad de fragmentos de la vida real en un único dossier que elaboraron siguiendo el método compositivo de la assemblage –similar al que empleó Bram Stoker en Drácula– se propusieron que el lector pudiera seguir el desarrollo de todo el proceso: un caso de parricidio del siglo XIX.
 
En su tiempo, el asunto Rivière no fue nunca un «caso importante» porque los casos de parricidio eran más bien numerosos en los juzgados de la época (de diez a quince anuales, y a veces más). Además, el atentado y el proceso de [Giuseppe] Fieschi [y], la condena y ejecución de [el poeta asesino Pierre-François] Lacenaire (…) ocupaban en ese momento lo esencial de las crónicas judiciales; pero, con el paso de los años, aquella documentación singularmente extensa para su época trascendió por la pionera utilización de conceptos psiquiátricos en la justicia penal y la noción de «monomanía homicida», que Esquirol puso en circulación a comienzos del siglo XIX.
 
Los hechos ocurrieron al mediodía del miércoles 3 de junio de 1815, en una pequeña comuna del Norte de Francia llamada Aunay, en el pueblo de la Faucterie. El joven agricultor Pierre Rivière, de 20 años, arrebatado por un genio infernal, empuñó una cuchilla como las utilizadas para podar los árboles y asesinó a su madre Victoire Brion, embarazada de una bebé de seis meses; y a sus hermanos pequeños Jules y Marie-Françoise Victoire porque –según confensó en el interrogatorio– Dios me lo ordenó para justificar Su providencia (…) Los tres estaban de acuerdo en perseguir a mi padre. (…) Dios ordenó a Moisés que degollara a los adoradores del becerro de oro, sin exceptuar amigos, ni padre ni hijos. (…) Quince días antes (…) Estaba en el campo cuando Dios se me apareció acompañado de sus ángeles y me dio la orden de justificar Su providencia. Mientras ocurrían los homicidios, el padre –una persona apreciada en la vecindad– estaba labrando en otro terreno, donde vivía en desunión con su mujer desde la anterior década, junto a sus otros hijos (Aimée, Prosper y Jean, fallecido en 1834; la mujer estaba embarazada de otro hombre).
 
En opinión del fiscal: Pierre Rivière (…) salió impasible y se presentó con calma, con las manos manchadas de sangre, a dos personas a las que les dijo: «Acabo de liberar a mi padre, ahora ya no será desgraciado», y luego prosiguió su camino como si nada hubiera ocurrido; su hoz goteaba sangre. Se dio a la fuga, deambuló por la región y, finalmente, fue detenido el 16 de junio de 1835 por la gendarmería de Langannerie, en el departamento de Calvados.
 
El juicio se celebró en otoño en un tribunal de Caen (Normandía) y finalizó el 12 de noviembre de 1835 con la sentencia que lo condenó a muerte, pero gracias a los informes médicos se apeló a la clemencia del rey Luis Felipe y ahí radica la singularidad de este caso: se convocó a Esquirol, médico jefe de Charenton; Orfila, decano de la Facultad de Medicina de París; Marc, médico del rey; Pariset, secretario perpetuo de la Real Academia de Medicina; Rostan, profesor de la Facultad de Medicina de París; Mitivié, médico de la Salpetrière y Leuret, doctor en medicina, para dar su opinión sobre el estado mental de Pierre.
 
Los grandes nombres de la medicina legal y la psiquiatría francesa dieron su opinión sobre el estado mental de Pierre Rivière, antes, durante y después de cometidos los homicidios, teniendo en cuenta que a menudo se le veía hablando solo; que no se acercaba a ninguna mujer, aunque fuera de su familia, por temor de mancillarla por las emanaciones que creía que su cuerpo vertía; que torturaba de mil maneras a los animales; que, por sus extravagancias desde niño, las gentes de la región le llamaban el imbécil, el loco, el bestia de Rivière; que procede de una familia en la que hay varios alienados con síntomas habituales de locura… todo ello indica una total privación de juicio y demuestra una aberración profunda y constante de sus facultades intelectuales y de sus sentimientos morales, concluyendo –por unanimidad, el 25 de diciembre de 1835– que:
  1. Desde la edad de cuatro años, Pierre Rivière no cesó de dar signos de alienación mental;
  2. Su alienación mental ha persistido, aunque con menos intensidad, después de los homicidios que cometió; y
  3. Estos homicidios son únicamente debidos al delirio.
Este informe del procedimiento llegó al monarca y, el 10 de febrero de 1836, firmó una carta de indulto conmutando la pena capital por la de cadena perpetua, al considerar que su crimen presentaba caracteres de alienación mental y –según lo expertos que lo trataron– todos los males que sufrió en la persona de su padre, al que quería hasta el punto de sacrificar su vida, debieron contribuir intensamente a trastornar y desviar sus facultades intelectuales que nunca estuvieron del todo sanas.

Pierre Rivière fue internado en la prisión de Beaulieu, en Caen, donde se suicidó cuatro años más tarde, ahorcándose en su celda la madrugada del 20 de octubre de 1840.
 
PD: en anteriores in albis ya hemos tenido ocasión de conocer otros famosos ejemplos de la crónica negra francesa como los casos de Robert François Damiens, Jean Calas, Alfred Dreyfus, Toussaint Augustin Gouffé, Pierrot o Marie Lafarge.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

¿Qué ley se aplica en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York?

Como ya tuvimos ocasión de comentar en otras dos entradas de este blog, por un lado, un acuerdo de sede es un tratado celebrado por una organización internacional con el Estado en el que se establece a fin de determinar el régimen jurídico, especialmente privilegios e inmunidades, de que gozará aquélla en su territorio (DEJ); y, por otro, el 14 de diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas –reunida en su sede provisional de Londres– aceptó la invitación formulada por el Congreso de los Estados Unidos, el 10 de diciembre de 1945, para que este país se convirtiera en el anfitrión de la nueva organización internacional. Como resultado práctico, el 26 de junio de 1947, el Secretario General de la ONU [Trygve Lie] y el Secretario de Estado de los Estados Unidos [George C. Marshall] suscribieron el Acuerdo relativo a la sede de las Naciones Unidas, en Lake Success, una localidad cercana a Nueva York. El tratado se sometió a la Asamblea General de la ONU y fue aprobado por la resolución A/RES/169 (II), de 31 de octubre de 1947.
 
El Art. II del acuerdo establece que la sede de las Naciones Unidas será el distrito de la sede, definido en el Anexo I como: Los terrenos e inmuebles situados en el municipio de Manhattan, Ciudad y Estado de Nueva York, limitados al Este, por el límite occidental del Franklin D. Roosevelt Drive; al Oeste, por el límite oriental de la Primera Avenida; al Norte, por el límite sur de la calle Cuarenta y Ocho Este, y al Sur, por el límite norte de la calle Cuarenta y Dos Este (…).
 
A continuación, el Art. III es el precepto que establece tanto las leyes aplicables dentro de esos límites como quiénes son las autoridades competentes. Aunque el distrito de la sede está bajo el control y la autoridad de las Naciones Unidas, salvo que se disponga lo contrario, las leyes federales, estatales y locales de los Estados Unidos de América serán aplicables dentro del distrito de la sede [Sección 7.b)]. De igual manera, salvo disposiciones contrarias, los tribunales federales, estatales y locales de los Estados Unidos de América tendrán competencia, con arreglo a lo previsto en las leyes federales, estatales y locales aplicables en cada caso, sobre los hechos y las transacciones que se efectúen dentro del distrito de la sede [Sección 7.c)]; pero, cuando los tribunales federales, estatales y locales de los Estados Unidos de América hayan de conocer asuntos suscitados por hechos o transacciones que se efectúen dentro del distrito de la sede o en conexión con éstos, tendrán en cuenta los reglamentos establecidos por las Naciones Unidas, conforme a la sección 8 [Sección 7.d)].
 
La mencionada octava sección es importante porque reconoce el derecho de la ONU a dictar los reglamentos que regirán dentro del distrito de la sede destinados a establecer las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus atribuciones. Y añade: las leyes o reglamentos federales, estatales o locales de los Estados Unidos de América que sean incompatibles con alguno de los reglamentos de las Naciones Unidas autorizados en esta sección, por cuanto sean incompatibles con ellos, no serán aplicables dentro del distrito de la sede. Las controversias que surjan al respecto, serán resueltas por un tribunal compuesto de tres árbitros [Sección 21].
 
Asimismo, el distrito de la sede es inviolable [Sección 9]; de modo que los agentes o funcionarios federales, estatales o locales de los Estados Unidos de América, tanto administrativos como judiciales, militares o policiales, sólo podrán entrar en él con el permiso y en las condiciones aprobadas por el Secretario General de la ONU.
 
Por último, resulta muy significativo el contenido previsto por la sección 11: ninguna autoridad estadounidense puede poner obstáculo alguno al tránsito de entrada y salida del distrito de la sede de diversas categorías de personas (expertos en misión de la ONU, funcionarios de la organización o invitados de Naciones Unidas o sus organismos especializados para asuntos oficiales). Y la normativa de EE.UU. sobre entrada o residencia de extranjeros en su país [Sección 13] no podrá aplicarse si vulnera las prerrogativas previstas en la sección undécima.

lunes, 11 de diciembre de 2017

El Tribunal de Justicia de la Comunidad CEDEAO [ECOWAS]

Históricamente, el territorio que hoy en día forma parte de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) [Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, en francés; o Economic Community of West African States (ECOWAS, pronunciado en esdrújula, por sus siglas en inglés)] estuvo gobernado por diversos reinos –como los de Ghana, Malí, Songhái, Wólof, Oyo, Benín y Kanem-Bornu– antes de que las metrópolis europeas colonizaran los 5.000.000 de kilómetros cuadrados sobre los que acabaron trazándose las fronteras de sus quince Estados miembro [Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo (Mauritania fue uno de los signatarios originarios pero abandonó la organización en 2011)] en donde viven 300.000.000 de habitantes –con una gran diversidad cultural– que hablan tres idiomas oficiales extranjeros (inglés, francés y portugués) y más de mil lenguas locales (Ewe, Fulfulde, Hausa, Mandingo, Wólof, Yoruba, Ibo, Ga, etc.).

El primer esfuerzo que se realizó en pos de lograr su integración regional se produjo el 26 de diciembre de 1945 con la creación de la moneda “franco CFA” [Franc de la Communauté Financière d’Afrique]. Posteriormente, en 1964, William Tubman (presidente de Liberia) propuso el establecimiento de una unión económica de África Occidental entre Costa de Marfil, Guinea, Liberia y Sierra Leona mediante un acuerdo que se firmó en 1965, pero que tuvo escasa incidencia hasta la década posterior. En 1972, Yakubu Gowon y Gnassingbe Eyadema –jefes de Estado de Nigeria y Togo, respectivamente– retomaron la idea de promover la integración del África Occidental y, el 28 de mayo de 1975, presentaron el Tratado de Lagos (Nigeria) por el que se instituyó una de las organizaciones intergubernamentales africanas más activas de todo el continente con el fin de promover la cooperación económica y política; posteriormente, el acuerdo de la CEDAO fue revisado el 24 de julio de 1993, en Cotonú (Benín), para dotarlo de un mayor ámbito de actuación, desde su sede en Abuya (Nigeria), según dispone el Art. 86 del Tratado.

En cuanto a la estructura institucional de la Comunidad, junto a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministros, el Parlamento, un Consejo Económico y Social, la Secretaría Ejecutiva (actual Comisión, desde 2007) y diversos fondos y comisiones previstos en su Art. 6; también se establecieron la Cour de Justice de la Communauté (Art. 15), creada en 1991, y el Tribunal Arbitral de la Communauté (Art. 16) que, hoy en día, aún continúa sin haberse constituido, de modo que las funciones arbitrales también las desempeña la Corte de Abuya.

Sede de la Corte de la ECOWAS en Abuya (Nigeria)

La regulación y el procedimiento a seguir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad CEDEAO se establecieron en el Protocolo A/P1/7/91, de 6 de julio de 1991, que ha sido enmendado por tres nuevos protocolos adicionales de 19 de enero de 2005, 14 de junio de 2006 y 13 de junio de 2006. Su actual reglamento [Rules of the Court of Justice of the Economic Community of West African States (*)] data de 2002.

El órgano judicial de la ECOWAS entró en funcionamiento en 2001, cuando la Conferencia nombró a sus siete magistrados –elegidos entre los juristas (abogados, profesores o jueces) nacionales más prominentes de los 15 Estados miembros de la organización– para ejercer sus funciones durante cuatro años; pero, en realidad, permaneció inactiva hasta 2003. Un año más tarde resolvió su primer asunto, el caso Olajide Afolabi vs. República Federal de Nigeria [ECW/CCJ/APP/01/03, de 27 de abril de 2004], desestimando la demanda interpuesta por un empresario nigeriano contra su país porque el cierre de fronteras decretado por el Gobierno de Abuya había afectado a las relaciones comerciales que él mantenía con clientes del vecino Benín, lo que en su opinión afectaba a la libertad de movimiento proclamada por la ECOWAS. Como la Corte tiene jurisdicción tanto contenciosa como consultiva, el 5 de diciembre de 2005 emitió su primera opinión consultiva formulada por la antigua Secretaría Ejecutiva sobre la actuación del portavoz del Parlamento comunitario (**).

El tribunal juzga e interpreta los textos legales de la CEDEAO y, en especial, resuelve los litigios en caso de incumplimientos por parte de los Estados miembro de sus obligaciones, entre las instituciones o los funcionarios, así como los conflictos que hagan recaer la responsabilidad a favor o en contra de la Comunidad, la violación de los Derechos Humanos que se desarrollen en cualquiera de los Estados miembro; y se pronuncia sobre la legalidad y constitucionalidad de cualquier instrumento jurídico adoptado por la CEDEAO.

Pueden acudir a la Cour de Justice de la Communauté todos los Estados miembro y la Comisión en caso de incumplimiento de las obligaciones de aquéllos; cualquier Estado miembro, el Consejo y la Comisión, en relación con la denuncia sobre la legalidad de la normativa comunitaria; cualquier persona física o jurídica por violación de derechos en relación con actos de la Comunidad; y aquellas que sean víctimas de violación de Derechos humanos cuyos actos concurran en un Estado miembro; los funcionarios de la CEDEAO; y la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, al interponer un recurso ante el Tribunal por situaciones que difieran de las mencionadas anteriormente.

Por último, el Tribunal aplica el Tratado, los Convenios, Protocolos y Reglamentos adoptados por la Comunidad así como los principios generales de derecho tal y como se establece en el Art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (en el ámbito de los Derechos Humanos, también se rige por los instrumentos internacionales que hayan sido ratificados por los Estados parte en el caso). Sus decisiones son inapelables salvo aquéllas que la propia Corte decida revisar.

viernes, 8 de diciembre de 2017

Los requisitos de una ley penal en blanco

Al tipificar el aborto, el Art. 145.1 del Código Penal español establece que: El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria. Esa mención a “fuera de los casos permitidos por la ley” es un buen ejemplo de una ley penal en blanco que, en este caso, se remite a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo mismo ocurre en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, cuando el Art. 325 CP castiga con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
 
Situación análoga a los Arts. 326, 326 bis, 332, 334 o 345 o en otras conductas delictivas como el Art. 360 CP: El que, hallándose autorizado para el tráfico de las sustancias o productos a que se refiere el artículo anterior [sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos], los despache o suministre sin cumplir con las formalidades previstas en las Leyes y Reglamentos respectivos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación para la profesión u oficio de seis meses a dos años; o el Art. 541 CP: La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
 
En todos estos supuestos de leyes penales en blanco nos encontramos ante una norma penal que al describir la conducta constitutiva de delito [se] remite en parte a normas reglamentarias o de rango inferior a la ley orgánica, como se define en el Diccionario del Español Jurídico (DEJ).
 
Por su parte, una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo –por todas, la sentencia 1979/1997, de 18 de marzo [1]– considera que (…) por leyes penales en blanco se deben entender aquéllas que sólo contienen una amenaza penal para la infracción de otra norma a la cual remiten. Concepto al que se han referido, en algún momento, diferentes órganos judiciales españoles; sirva como ejemplo la sentencia 19/2013, de 29 de abril, del juzgado de lo penal nº 21 de Madrid [2] al afirmar que: Por leyes penales en blanco se deben entender aquellas que sólo contienen una amenaza penal para la infracción de otra norma a la cual remiten, norma que generalmente se encuentra comprendida en otra rama del ordenamiento jurídico (así, son frecuentes las remisiones de la norma penal, a normas correspondientes al Ordenamiento Administrativo o sancionador).
 
Los requisitos de esa remisión a otra norma los encontramos en la jurisprudencia de nuestro órgano de garantías; tomando como referencia la sentencia 101/2012, de 8 de mayo, del Tribunal Constitucional [3], esta resolución se refiere a (…) la existencia de las denominadas “leyes penales en blanco”, esto es (…), normas penales incompletas que no describen agotadoramente la correspondiente conducta o su consecuencia jurídico-penal, sino que se remiten para su integración a otras normas distintas, que pueden ser incluso de carácter reglamentario. Ahora bien, para que esa remisión a normas extrapenales sea admisible constitucionalmente debe cumplir en todo caso los siguientes requisitos:
  1. Que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal;
  2. Que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición; y
  3. Sea satisfecha la exigencia de certeza o, lo que en expresión constitucional ya normalizada es lo mismo: que “la conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la función de garantía de tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente conminada” (STC 127/1990, de 5 de julio, FJ 3).
Citas de jurisprudencia: [1] ECLI:ES:TS:1997:1979. [2] ECLI:ES:JP:2013:19. [3] ECLI:ES:TC:2012:101.

miércoles, 6 de diciembre de 2017

El marco legal de las misiones de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior

Como recuerda el Ministerio de Defensa español [1], la crisis originada en los Balcanes en 1991, tras el desmembramiento de la antigua Yugoslavia, desencadenó conflictos armados en Eslovenia y Croacia. Tras la extensión de la guerra a Bosnia-Herzegovina, la ONU puso en marcha en este país una misión de ayuda humanitaria. España envió en noviembre de 1992 el primer contingente, que se integró en la Fuerza de Protección de Naciones Unidas (UNPROFOR), con la doble misión de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz conseguidos hasta ese momento y de proteger los convoyes de ayuda humanitaria. En 2017, se han cumplido 25 años desde que el Ejército desplegó aquella primera agrupación de cascos azules españoles en el extranjero; en concreto, la comisión aposentadora del primer contingente español llegó a Bosnia el 25 de octubre de 1992. Pocos días después, el buque de asalto anfibio “Castilla” arribaba al puerto croata de Split con los soldados de La Legión que formaban el grueso de la agrupación táctica “Málaga” [2]. ¿Cuál es la base jurídica para enviar esas misiones?

En el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978, el Art. 8 CE dispone que: 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Para desarrollar este precepto se aprobó la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, que reguló los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar que fue derogada por la vigente Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (LODN).

En su exposición de motivos, esta norma señaló que: La proyección internacional de España y de nuestra política de defensa en el conjunto de la acción exterior hace que, desde finales del siglo XX, nuestras Fuerzas Armadas vengan actuando fuera de nuestras fronteras como observadores, como fuerzas de interposición, de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria. Esta circunstancia demanda incluir en la Ley misiones que no estaban recogidas expresamente en la anterior normativa, planteamientos rigurosos en cuanto al respeto a la legalidad internacional de dichas operaciones e incluso novedosos en cuanto a su control. En relación con las misiones en el exterior, las Cortes Generales, que representan la soberanía nacional, deben tener una mayor participación y protagonismo. La Ley somete a su debate las decisiones gubernamentales y regula de manera concreta las condiciones que deben cumplir.

Las misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario se regulan en el Título III de esta Ley Orgánica (Arts. 15 a 19); en concreto, el Art. 15.2 LODN establece que: Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria. A continuación, el Art. 16 LODN especifica los seis tipos de operaciones que se pueden efectuar: a) La vigilancia de los espacios marítimos; b) La colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización internacional en aquellas zonas donde se vean afectadas, la reconstrucción de la seguridad y la administración; c) El apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y a las instituciones y organismos responsables de los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, en las tareas de búsqueda y salvamento; d) La respuesta militar contra agresiones que se realicen utilizando aeronaves con fines terroristas; e) La colaboración con las diferentes Administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente; y f) La participación con otros organismos nacionales e internacionales para preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles en el extranjero, de conformidad con los criterios de coordinación y de asignación de responsabilidades que se establezcan.

Y los Arts. 17 y 18 LODN regulan la autorización del Congreso de los Diputados para ordenar las operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional así como su seguimiento. Por último, el Art. 19 LODN somete la realización de misiones de las Fuerzas Armadas españolas, que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, en el exterior al cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco de sus respectivas competencias. b) Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones. c) Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que no contradigan o vulneren los principios del derecho internacional convencional que España ha incorporado a su ordenamiento, de conformidad con el Art. 96.1 de la Constitución.

Citas: [1] Misiones en el exterior del Ministerio de Defensa. [2] HERNÁNDEZ, V. “La huella de España”, Revista Española de Defensa, mayo 2007, p. 33.

lunes, 4 de diciembre de 2017

Los magnicidios frustrados de la España contemporánea

Juan Prim, Antonio Cánovas del Castillo, José Canalejas, Eduardo Dato y Luis Carrero Blanco fueron los cinco presidentes del Gobierno español que murieron asesinados, en poco más de un siglo, como ya tuvimos ocasión de comentar en otro in albis. A lo largo de esa misma época también hubo diversos intentos de magnicidio contra la Casa Real española; como recuerda el periodista Juan Cantavella: (…) durante ciento diez años –los que van desde 1816 a 1926– todos los monarcas españoles [han visto] peligrar su existencia por la acción de individuos o grupos que han trabajado para privarlos de ella. En ese periodo, las únicas que se salvan de tan bárbara persecución son las dos reinas regentes, María Cristina de Borbón y Cristina de Habsburgo-Lorena (…); apreciándose una intensificación en el primer cuarto del siglo XX, cuando entra en escena el anarquismo y se producen una serie de peligrosos embates, fruto de la conspiración y de la acción desesperada en los que sorprende el ensañamiento con que se persigue a los Alfonsos, el duodécimo y el decimotercero, acosados por pistoleros y hostigados por la metralla cuando las bombas hacen su aparición como instrumento de violencia [1].

Con el regreso del absolutismo al trono de Fernando VII, el abogado alicantino Vicente Ramón Richart encabezó la denominada Conspiración del Triángulo, formada por células de tres personas que desconocían la existencia de otros integrantes, para organizar el secuestro del monarca deseado y obligarlo a proclamar la Constitución de Cádiz de 1812, pero fue delatado por el Teniente de Caballería Juan Baño, detenido la noche del 5 al 6 de octubre de 1815, juzgado por un delito de lesa majestad y condenado a muerte de horca con la calidad de ser arrastrado desde la cárcel al patíbulo –junto al barbero Baltasar Gutiérrez como auxiliante de la conspiración– siendo ambos ahorcados en la Plaza de la Cebada, de Madrid, el 6 de mayo de 1816. A continuación, el verdugo les cortó la cabeza para colocarlas a quinientos pasos de distancia de la puerta de Alcalá en el Camino Real.

Tres décadas más tarde, el abogado gallego Ángel de la Riva disparó dos tiros a Isabel II el 4 de mayo de 1847, en la madrileña calle de Alcalá. Al año siguiente, a pesar de que su defensa -a cargo de Manuel Pérez Hernández- solicitó la libre absolución, el acusado fue condenado a muerte por aquella tentativa de regicidio pero el 24 de julio de 1849, la monarca mostró clemencia y lo indultó.  Durante su juicio se defendió la idea de que esta causa (*) se formó sobre un hecho que desde los principios de la Edad Media no ha tenido lugar en España, porque ningún español desde aquella época turbulenta ha asestado sus tiros contra la sagrada persona del monarca. dato que resulta en parte erróneo porque, aunque no fue con un arma de fuego, Juan de Cañamares sí que intentó matar a Fernando el Católico con una espada, en Barcelona, el 7 de diciembre de 1492.

También el “Cura Merino” quiso acabar con la vida de la reina el 2 de febrero de 1852, cuando la monarca salía de la capilla del Palacio Real, llevando en brazos a la pequeña Isabel la Chata, Princesa de Asturias, para dirigirse a la basílica de Atocha. Era la una de la tarde cuando al dar la vuelta al ángulo que corresponde al salón de las columnas, irrumpe un clérigo que parece ofrecerle un pergamino. La reina, sorprendida, le dice: «Pues, padre, ¿qué quiere?», momento en que Martín Merino Gómez intentó darle muerte con un puñal que llevaba oculto en el mismo papel que semejaba er un memorial, produciéndole una leve herida [2] que no fue más grave gracias a su corsé. Detenido por los alabarderos de la guardia, mientras la reina era reconocida por los médicos y se recuperaba de los cortes sufridos, el sacerdote riojano fue interrogado en la prisión del Saladero –ante el juez Pedro Nolasco y asistido por el defensor de oficio, Julián Urquiola, que intentó alegar enajenación mental– para que confesara si tuvo cómplices; extremo que negó en todo momento, incluso camino del cadalso, a lomos de un burro, donde el anciano fue ejecutado cinco días más tarde, vestido con un birrete amarillo, como era habitual entre los parricidas condenados a muerte (los soberanos eran considerados “padres” de todos sus súbditos, de modo que atentar contra ellos se asemejaba a haber querido acabar con la vida de un progenitor).

Isabel II aún sufrió una nueva conspiración, en 1856, cuando Pedro Redondo y Marqués quiso contratar a Ramón Fuentes para que la matara a cambio de dinero pero éste lo denunció.

Incluso el efímero rey Amadeo I fue víctima de un intento de asesinato que se narró en la Gaceta de Madrid (precedente histórico del BOE) al día siguiente, el 19 de julio de 1872: Al retirarse SS. MM. anoche á Palacio, unos cuantos hombres apostados en la calle del Arenal les hicieron una descarga con trabucos y rewolvers [sic], del que afortunadamente salieron ilesos [el rey y su esposa, María Victoria]. Las disposiciones preventivas tomadas por las Autoridades habían sido tan precisas, que uno de los autores del atentado quedó muerto en el acto por los Agentes de Orden Público, y presos otros tres en las inmediaciones del sitio. Hay además varios detenidos: prosíguense las diligencias con gran actividad, y es de esperar que todos los culpables caigan en poder de la Autoridad y sean conocidos los móviles é instigadores de tan horrible crimen. SS. MM. han manifestado una extraordinaria serenidad (…) Hay tranquilidad completa en la población, que ha recibido con indignación la noticia del atentado.
 
Dos veces –en 1878 y 1879– atentaron contra Alfonso XII sendos anarquistas, que además de fracasar en su acción pagaron con su vida –gustosos, al parecer– lo que ellos se consideraban obligados a intentar [3]. El primero se produjo el 25 de octubre de 1878 cuando el joven tonelero catalán Juan Oliva Moncasi le disparó a su paso por el nº 93 de la calle Mayor, de Madrid, errando los dos tiros (fue detenido, juzgado y condenado al garrote vil tras confesar que aquella no había sido la primera vez que lo intentaba; se le ejecutó el 4 de enero de 1879). El segundo atentado tuvo lugar en el parque madrileño del Retiro, el 30 de diciembre de 1879. En esta ocasión, el soberano estaba paseando con su segunda esposa, Cristina de Habsburgo-Lorena, momento que aprovechó el panadero gallego Francisco Otero González para dispararles, casi a bocajarro, con su Lafaucheux (el mismo modelo de pistola que empleó Oliva y con idéntico resultado). Aquel elemento de podredumbre de la sociedad e insensato, como se refiró al agresor la Gaceta del posterior 6 de enero, fue ejecutado el 14 de abril de 1880 a pesar de que el propio Alfonso XII quiso indultarlo pero se opuso Cánovas del Castillo.

Durante su juicio –que se inició el 7 de febrero, sus abogados defensores trataron de defender la irresponsabilidad del reo, aludiendo al diagnóstico psiquiátrico emitido por los peritos de la defensa [los facultativos José Esquerdo y Ramón Félix Capdevila], cuyos argumentos estaban basados en cuatro pilares: el físico del frustrado regicida, sus capacidades intelectuales, sus sentimientos y la herencia. La descripción física de las facies de Otero, el escaso desarrollo de su inteligencia, apreciable en la escasa fluidez del lenguaje y la pobre destreza al escribir y los sentimientos primitivos, o la pervivencia, únicamente, del instinto de defensa o el de agresión fueron argumentados por Esquerdo y Capdevila en el dictamen pericial. (…) El abogado defensor apoyó el diagnóstico de imbecilidad citando ciertas observaciones de Guillaume M. A. Ferrus (…) sobre la torpeza de los pacientes imbéciles. Ferrus, discípulo de Esquirol, había organizado el servicio de niños idiotas de Bicêtre [4]. Este juicio fue uno de los primeros casos en los que se buscó el reconocimiento de la psiquiatría, en España, como una rama de la Medicina especializada en las enfermedades mentales; inspiró a Benito Pérez Galdós para describir al personaje de Mariano Rufete, alias Pecado, en su novela La Desheredada.
 
Alfonso XIII sufrió varios ataques terroristas –el más terrible el día de su boda– y ante ellos nunca perdió los nervios: al contrario, mostró gran templanza y evitó que cundiera el pánico a su alrededor. (…) Tampoco dudó en asistir a pecho descubierto a los entierros de Canalejas y Dato, asesinados por anarquistas [5]. La boda del rey con Victoria Eugenia de Battenberg se celebró el 31 de mayo de 1906 en la madrileña iglesia de los Jerónimos; al retornar, la comitiva real sufrió, en la calle Mayor, un atentado, perpetrado por el anarquista Mateo Morral, que se saldó con el balance de cuarenta heridos y veintiocho muertos [6], al estallar una bomba modelo “Orsini” que el catalán lanzó al cortejo nupcial desde un cuarto piso. La versión oficial –que plantea numerosas lagunas– apunta a que el regicida se suicidó el 2 de junio de 1906 cuando iba a ser detenido en Torrejón de Ardoz (Madrid), tras matar al guardia que lo conducía al cuartelillo.


Siete años más tarde, el 13 de abril de 1913, cuando el rey regresaba a palacio tras asistir a una jura de bandera, sufrió un nuevo atentado a la altura del nº 48 de la calle Alcalá, en Madrid. El carpintero aragonés Rafael Sancho Alegre le disparó con un revólver, falló y fue detenido por los agentes de la policía. En julio de ese mismo año se celebró el juicio al anarquista, defendido por el abogado Eduardo Barriobero y Herrán, y fue condenado a muerte pero, por iniciativa real, su pena se le conmutó por la de cadena perpetua que cumplió hasta la II República.

Por lo que se refiere al periodo de la dictadura de Francisco Franco, mientras unos autores afirman, con rotundidad, que no hay un solo atentado contra el general Franco que esté plenamente confirmado (…). Sí se ha sostenido (…) que se prepararon varios (…) pero ninguno de ellos fue consumado ni puede decirse que esté completamente demostrado [7]; en cambio, otros expertos consideran que: (...) Desde la terminación de la guerra [civil] hasta 1964 en que trascienden los rumores sobre el declive físico del general, se sucedieron no menos de cuarenta atentados contra el Jefe del Estado. La cifra es provisional. Son los intentos que hemos podido detectar, aunque es más que probable que se produjeran otros proyectos de atentados [8]. En esa misma línea, Antoni Batista escribió Matar a Franco. Los atentados contra el dictador, en 1995, donde se recrea, especialmente en el atentado que hubiera tenido más probabilidad de éxito, en el Palacio de Ayete, San Sebastián, agosto de 1962.

PD: en ese mismo periodo, recordemos que en el mundo se produjeron otros atentados contra jefes de Estado y de Gobierno, como los presidentes Abraham Lincoln, James Abram Garfield o William McKinley en EE.UU.; el rey Humberto I de Italia; los atentados de Marsella o el del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. En este ámbito, según el Libro Guinness de los Récords, Charles de Gaulle posee el récord de haber sufrido 31 intentos de asesinato. La novela “Chacal”, de Frederick Forsyth (…) presenta una imagen cercana de hasta qué punto la gente persiguió dicho propósito [9].
 
Citas: [1] CANTAVELLA, J. Un siglo de atentados reales. Barcelona: Planeta, 1996, pp. 9 y 10. [2] CORREA GAMERO, M (Dtor). Policía española. Notas e imágenes. Barcelona: Lundwerg Editores, 1999, p. 39. [3] CANTAVELLA, J. Ob. cit., p. 121. [4] CONSEGLIERI, A. y VILLASANTE, O. “La imbecilidad como exención de responsabilidad: el peritaje de Esquerdo en el proceso judicial de Otero”. En FRENIA, vol. VII-2007, pp. 218-220. [5] MORENO LUZÓN, J. “El rey de papel”. En MORENO LUZÓN, J, (ed.) Alfonso XIII. Un político en el trono. Madrid: Marcial Pons, 2003, p. 38. [6] GONZÁLEZ CUEVAS, P. C. “El rey y la corte”. En MORENO LUZÓN, J, (ed.) Ob. cit. p. 196. [7] BARDAVÍO, J. y SINOVA, J. Todo Franco. Barcelona: Plaza y Janés, 2000, p. 65. [8] BAYO, E. Los atentados contra Franco. Barcelona: Plaza & Janés, 1976, p. 16. [9] AA.VV. Libro Guinness de los Récords 1994. Madrid: Jordán, 1993, p. 95.

viernes, 1 de diciembre de 2017

Curiosidades de los "Carabinieri" (siglo XIX)

Paradójicamente, tras la derrota de Napoleón en Leipzig, en 1813, y nada más liberar Turín de la dominación francesa, el rey Vittorio Emanuele I de Cerdeña encargó a la Secretaría de Guerra que redactara un proyecto de ley inspirándose en la Gendarmería de Francia –institución que se creó el 16 de febrero de 1791– para establecer un nuevo Cuerpo de Carabineros Reales [Corpo dei Carabinieri Reali; en referencia al arma de fuego que formaba parte de su dotación: la carabina, más pequeña que un fusil]. Aquel texto de 16 artículos –denominado le Regie Patenti– se adoptó el 13 de julio de 1814, con el objetivo de asegurar el orden y la paz pública proporcionando al reino -que abarcaba, además de Cerdeña, también a Piamonte- un cuerpo policial de élite similar al francés, con unos criterios de selección muy rigurosos ya para aquel tiempo (comienzos del siglo XIX): por ejemplo, los candidatos debían saber leer y escribir, superar el 1.85 cm de estatura, etc. y, a cambio, la tropa recibía un sueldo de 500 liras que se elevaba a 1.000 para los carabinieri a cavallo. Su primer Comandante General –el rango más alto del cuerpo– fue el gobernador turinés, Giuseppe Thaon di Revel di Sant’Andrea, nombrado el 13 de agosto de 1814.

El 24 de abril de 1815 cayó abatido Giovanni Boccaccio, el primer Carabiniere que falleció en acto de servicio. Tres meses más tarde, el 6 de julio, pocos días después de la derrota napoleónica en Waterloo (actual Bélgica), se produjo su bautismo de fuego en Grenoble (Suiza), contribuyendo a la victoria contra los últimos bonapartistas. En noviembre del año siguiente comenzaron a reglamentarse sus funciones aunque el primer Reglamento General [Regolamento Generale del Corpo] data del 16 de octubre de 1822.

También es de aquellos años su simbólica granada de oro inflamada [granata con fiamma], que es la seña de identidad de esta institución; se fijó en el Regolamento per le divise degli Uffiziali, Bass'Uffiziali, Carabinieri e Allievi, de 23 de febrero de 1832; y su característico penacho, en colores rojo y turquesa, se aprobó mediante un decreto de 25 de junio de 1833 firmado por el rey Carlo Alberto de Cerdeña (al que, posteriormente, los Carabinieri salvaron durante la Batalla de Pastrengo, en 1848).

En cuanto a su popular apelativo, un documento interno del cuerpo mencionó, por primera vez, el término “Benemérita”, el 24 de junio de 1864; denominación que se popularizó hasta la actualidad y que trascendió las fronteras italianas (en España, también es el sobrenombre de la Guardia Civil, creada en 1844). Por último, su primera misión en el extranjero –integrada por el mariscal Enrico Cavedagni y cuatro Carabinieri– se desarrolló en Assab (Eritrea), el 16 de mayo de 1883, para controlar el tráfico comercial entre Italia y Extremo Oriente.
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