viernes, 20 de enero de 2017

¿Desde cuándo se ha generalizado la segunda instancia en los procesos penales españoles?

En el asunto Marcos Barrios contra España, de 21 de septiembre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que, cuando a una instancia de apelación se le da a conocer un asunto de hecho y de derecho y la facultad de examinar en conjunto la cuestión de la culpabilidad o de la inocencia, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir estas cuestiones sin que los medios de prueba sean apreciados, de forma directa y en persona, por el acusado que sostiene que no cometió el acto considerado como una infracción penal (en línea con el criterio que mantuvo en los asuntos Dondarini contra San Marino, de 6 de julio de 2004, Ekbatani contra Suecia, de 26 de mayo de 1988 o Constantinescu contra Rumania, de 27 de junio de 2000). En este caso, el Tribunal observa de entrada que no se discute que el demandante, que fue absuelto en primera instancia, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de León sin haber sido oído por aquélla en persona. A partir de aquí, con el fin de determinar si hubo violación del Art. 6 del Convenio [Europeo de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente (...) por un tribunal (...) que decidirá (...) sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”], hay que examinar el papel de la Audiencia y la naturaleza de las cuestiones que tenía que conocer.

A este respecto -continúa el fallo de la Corte de Estrasburgo- el Tribunal señala que la problemática jurídica del presente asunto, propia del procedimiento penal español, es idéntica a la examinada en las sentencias Bazo González contra España (…) del 16 de diciembre de 2008, donde el Tribunal concluye la no violación de esta disposición e Igual Coll contra España (…), del 10 de marzo de 2009 en la que a la luz de las circunstancias del caso, constató una violación del derecho del demandante a un proceso equitativo debido a la falta de celebración de una audiencia pública ante la jurisdicción de apelación. Conviene, por tanto, mantener la esencia del razonamiento desarrollado por el Tribunal en estas dos sentencias. En dichos asuntos, el Tribunal concluyó que una audiencia se revelaba necesaria cuando la jurisdicción de apelación «efectúa una nueva apreciación de los hechos estimados probados en primera instancia y los reconsidera», situándose así más allá de las consideraciones estrictamente jurídicas. En tales casos, una audiencia se imponía antes de alcanzar una sentencia sobre la culpabilidad del demandante. (…) el Tribunal considera que la condena del demandante en apelación por la Audiencia Provincial después de un cambio en la apreciación de las declaraciones litigiosas y de otros elementos, sin que el demandante hubiera tenido la oportunidad de ser oído personalmente y de discutirlos mediante un examen contradictorio en el curso de una audiencia pública, no es conforme a las exigencias de un proceso equitativo tal como lo garantiza el artículo 6 § 1 del Convenio.

En esta sentencia –al igual que sucedió en el posterior asunto García-Hernández contra España, de 16 de noviembre de 2010– la Corte europea volvió a dar un toque de atención al Gobierno de Madrid por lo que calificó reiteradamente como una problemática jurídica propia del procedimiento penal español: en aquel momento, no se había generalizado la segunda instancia en el proceso penal, en desarrollo del derecho reconocido por el Art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966: Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.


Aunque España ratificó ese Pacto el 13 de abril de 1977, la segunda instancia se generalizó en los procesos penales españoles a partir del 6 de diciembre de 2015, cuando entró en vigor la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Hasta ese momento, incluso el Tribunal Supremo tuvo ocasión de referirse a una segunda instancia penal inexistente [STS 1581/1984, de 21 de enero (ECLI:ES:TS:1984:1581)].

En el preámbulo de esa norma, el legislador reconoció que pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las oportunas previsiones orgánicas para la generalización de la segunda instancia en el proceso penal –en desarrollo del mencionado Art. 14.5 del Pacto de 1966– conforme al cual todo condenado por delito podrá someter a revisión la causa ante un tribunal superior, la ausencia de regulación procesal del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, previa celebración de juicio ante dichos órganos judiciales, mantiene una situación insatisfactoria que, al tener que compensarse con mayor flexibilidad en el entendimiento de los motivos del recurso de casación, desvirtúa la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley penal. Por ello, se procede a generalizar la segunda instancia, estableciendo la misma regulación actualmente prevista para la apelación de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal en el proceso abreviado, si bien adaptándola a las exigencias tanto constitucionales como europeas. Se ha considerado oportuno completar la regulación del recurso de apelación con nuevas previsiones legales relativas al error en la valoración de la prueba como fundamento del recurso y al contenido de la sentencia que el órgano ad quem podrá dictar en tales circunstancias, cuyo fin último es ajustar la reglamentación de esta materia a la doctrina constitucional y, en particular, a las exigencias que dimanan del principio de inmediación. En relación con lo primero, cuando la acusación alegue este motivo como base de su recurso ya fuera a fin de anular una sentencia absolutoria, ya para agravar las condiciones fijadas en una condenatoria, deberá justificar la insuficiencia o falta de racionalidad de la misma o su apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna de las pruebas practicadas, siempre que fueran relevantes, o cuya nulidad hubiera sido improcedentemente declarada. En esta tesitura, el tribunal de apelación verá limitadas sus facultades a declarar la nulidad de la sentencia cuando fuera procedente, fijando el alcance de esa declaración, esto es, si afecta exclusivamente a la resolución del órgano a quo o si ha de extenderse al juicio oral y, en este último caso, si debe darse una nueva composición a ese órgano al objeto de garantizar su imparcialidad.

La generalización de la segunda instancia penal es un buen ejemplo de la trascendencia de las sentencias dictadas por el TEDH, como sucedió, por ejemplo, cuando nos planteamos si es lo mismo ser absuelto por falta de pruebas que por ser declarado inocente.

miércoles, 18 de enero de 2017

Los ocho requisitos del delito de sedición

Actualmente, la sedición [según el Diccionario de la RAE: Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión] se tipifica en los Arts. 544 a 549 del Código Penal de 1995, en el marco de los delitos contra el orden público. El primero de estos preceptos dispone que: Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. En ese contexto, es probable que una de las sentencias que ha fundamentado con mayor detalle esta conducta delictiva es la que falló el Tribunal Supremo el ya lejano 10 de octubre de 1980 [STS 4961/1980 - ECLI:ES:TS:1980:4961]. Aunque esta resolución del siglo XX se refiere al anterior Código Penal, la fundamentación jurídica que realizó su ponente, Luis Vivas Marzal, continúa siendo todo un clásico a la hora de analizar este tipo penal.

El magistrado consideró que el delito de sedición forma colectiva y tumultuaria de alzamiento, "rebelión en pequeño", según frase decimonónica, fue conocido en el Derecho Romano con el nombre de "Tumultus", en "Las Partidas", con el de asonada -"ayuntamiento que hacen las gentes unas contra otras para hacerse mal"-, y en el título XI de la Nueva Recopilación, con el de "juntas tumultuarias", incorporándose a la legislación codificada en el artículo 280 del Código de 1822, que lo define como levantamiento, ilegal y tumultuario, de un número mayor o menor de personas con el fin de entorpecer la acción gubernamental, encontrándose también en el artículo 174 del Código de 1870 y en los artículos 245 y siguientes del Código de 1932, mientras que el vigente le dedica los artículos 218 y siguientes incardinados en el capítulo IV del título II del libro I, siendo conocida la infracción estudiada por otras legislaciones como vg, la inglesa que lo denomina "asamblea sediciosa", o la alemana que lo distingue con los apelativos de "motín" y "tropel de gentes", mientras que en otras se confunde con el delito de rebelión.

A continuación, Vivas Marzal procedió a su disección [sic] enumerando cuáles eran entonces los ocho requisitos de la sedición:
  1. Se requiere un alzamiento, esto es, un levantamiento, sublevación o insurrección dirigidos contra el orden jurídico establecido, contra el normal funcionamiento de determinadas instituciones o contra autoridades, funcionarios, Corporaciones públicas, clases del Estado, particulares o clases de personas;
  2. Ese alzamiento, ha de ser público, esto es, abierto, exteriorizado, perceptible, patente y manifiesto, y tumultuario, lo que equivale a gregario, amorfo, caótico, anárquico, inorgánico y desordenado o en tropel, aunque nada impediría, según opinión unánime, que de ser organizado y ordenado también se aplicará el precepto analizado;
  3. Que el mentado alzamiento se encamine a la consecución de los fines indicados, por la fuerza, esto es, de modo violento, violencia, bien absoluta, bien compulsiva y tanto recayente sobre las personas como sobre las cosas, o fuera de las vías legales, es decir, de modo ilícito, ilegítimo o ilegal y no a través de recursos o procedimientos de reclamación o de disconformidad que la ley arbitre o prescriba;
  4. En cuanto al sujeto activo, el número de personas que ha de participar ha de ser necesariamente plural, pues de otra suerte se confundiría frecuentemente la infracción estudiada con el atentado, la resistencia o la desobediencia; por ello, la sentencia, de este Tribunal, de 2 de julio de 1934 , exige que, el número de partícipes no sea inferior a treinta, y la doctrina más caracterizada, partiendo de que "tumulto" es desorden y confusión producido por un conjunto de personas, sostiene que habrán de ser varias y en número suficiente para la consecución del fin propuesto, pudiéndose agregar que los términos legales "alzaren" y "tumultuariamente", evocan y sugieren la participación indispensable de un número considerable de personas, aunque no es preciso que constituyan multitud o muchedumbre;
  5. En lo que respecta al sujeto pasivo, éste es variadísimo, desde el poder legislativo hasta las corporaciones públicas, pasando por la autoridad, sus agentes, los funcionarios públicos, el Estado, la Provincia, el Municipio, los particulares, las clases del Estado y las clases sociales;
  6. La finalidad política o social no siempre se exige véanse números primero, segundo y tercero, del artículo 218, que no la requieren, y los números cuarto y quinto del citado precepto que sí la exigen;
  7. Toda la doctrina está de acuerdo en que, en este delito, no cabe tentantiva –ejecución parcial– ni frustración –ejecución total sin resultado– lo que es plausible, pues el legislador criminaliza y reputa perfecto al mero alzamiento, sin que sea preciso, para la consumación del delito, la obtención de los fines apetecidos, con lo cual, los comportamientos de preparación no constituyen conato, y los de iniciación del "iter criminis" propiamente dicho, ya pertenecen a la esfera de lo consumado; y
  8. Por el contrario, y aunque alguna opinión disuene, la proposición, conspiración y provocación para delinquir (…) son actos incompatibles con el delito de sedición, pues son características de su fase de preparación, indispensables generalmente para recorrer nuevas etapas o fases del delito, como lo demuestran los Códigos españoles de 1848 y 1932 (…).
Cuadro: Umberto Boccioni | Tumulto en la galería (1910)

lunes, 16 de enero de 2017

¿En qué consiste el legado de perdón?

Siendo consciente de la mala situación personal y laboral que atravesaba un vecino, Jaime le prestó voluntariamente 10.000 euros; meses más tarde, el prestamista falleció de forma súbita y al abrirse su testamento –que, como ya sabemos, es un acto personalísimo por el que una persona dispone, de todos sus bienes o de parte de ellos, para después de su muerte, a tenor de lo establecido en los Arts. 667 y siguientes del Código Civil (CC)– su última voluntad fue que se le perdonara aquel préstamo a su vecino. Esta posibilidad se regula en el Art. 870 CC: El legado de un crédito contra tercero, o el de perdón o liberación de una deuda del legatario, sólo surtirá efecto en la parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo de morir el testador. En el primer caso, el heredero cumplirá con ceder al legatario todas las acciones que pudieran competirle contra el deudor. En el segundo, con dar al legatario carta de pago, si la pidiere. En ambos casos, el legado comprenderá los intereses que por el crédito o la deuda se debieren al morir el testador.

Para la doctrina española, el concepto del legado de perdón o liberación consiste en un crédito que ostenta el testador contra el legatario que el testador perdona al legatario (…). Es requisito necesario entonces que se trate de una deuda subsistente al tiempo de morir el testador, donde la disposición testamentaria (...) claramente aluda a ella. Al respecto suelen proponer los autores diversas fórmulas para ordenar el legado de perdón o liberación, no sólo en una condonación de la deuda en la que el testador utilizara las expresiones de condonación, perdón o remisión refiriéndose a la correspondiente deuda, sino también que ordenara el legado indicando que se entregue al deudor el documento justificativo del crédito (Art. 1.188 del Código Civil); tal y como ha señalado la sentencia 512/2015, de 21 de mayo, de la Audiencia Provincial de Valladolid [ECLI:ES:APVA:2015:512], una de las escasas resoluciones judiciales que, de forma expresa, se refieren a esta condonación mortis causa.

viernes, 13 de enero de 2017

Las reglas penitenciarias europeas

En el I Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal –que se celebró en Ginebra (Suiza), del 22 de agosto al 3 de septiembre de 1955– se aprobaron las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos que, desde su elaboración y según el criterio de la ONU, han tenido un impacto inconmensurable en el tratamiento de los reclusos en todo el mundo. Como es lógico, para que esos principios fuesen válidos y aplicables en los distintos sistemas jurídicos que convivimos en la Tierra, su redacción fue muy genérica; de modo que, en Europa, se planteó la necesidad de adaptarlas a la situación específica del Viejo Continente para establecer estándares básicos comunes en las políticas penitenciarias de los distintos Estados [1]. Como consecuencia, el Comité de Ministros del Consejo de Europa –otra institución paneuropea que no debe confundirse con la Unión Europea– aprobó la Resolución (73) 5, de 19 de enero de 1973 con las reglas mínimas estandarizadas para el tratamiento de los prisioneros [Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners]. Una resolución con noventa y cuatro principios que aunque no resultaba vinculante tampoco debía ignorarse.

Por iniciativa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), aquellas reglas se reformularon a finales de la siguiente década mediante la nueva Recomendación nº R (87) 3, de 12 de febrero de 1987, del Comité de Ministros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas [European Prison Rules] con cien principios redactados como guía para los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. Con el cambio de siglo y teniendo en cuenta los importantes cambios sociales que han influido en desarrollos significativos en el ámbito del derecho penal en Europa durante los últimos veinte años, las autoridades de Estrasburgo consideraron que aquella recomendación de 1987 debía ser revisada y actualizada de forma profunda para poder reflejar los cambios producidos en materia de política penal, las prácticas condenatorias y la gestión de las prisiones en general en Europa; por ese motivo se aprobó la Recomendación Rec (2006) 2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre las Reglas Penitenciarias Europeas, adoptadas por el Comité de Ministros el 11 de enero de 2006; ciento ocho reglas, en total, que se aplican a las personas en prisión preventiva o privadas de libertad en virtud de una sentencia condenatoria.

En su exposición de motivos se establecen cuáles son sus principios básicos: 1. Las personas privadas de libertad deben ser tratadas de una manera respetuosa con los derechos humanos; 2. Las personas privadas de libertad conservan todos los derechos que no les hayan sido retirados por ley, por la sentencia condenatoria a pena de prisión o por el auto de prisión preventiva; 3. Las restricciones impuestas a las personas privadas de libertad deben limitarse a lo estrictamente necesario y ser proporcionadas a los objetivos legítimos que se pretendan conseguir con ellas; 4. La falta de recursos no puede justificar unas condiciones de internamiento que conculquen los derechos humanos; 5. La vida en prisión debe ajustarse lo máximo posible a los aspectos positivos de la vida en el exterior; 6. Cada internamiento debe gestionarse de manera que se facilite la reinserción social de las personas privadas de libertad; 7. Debe potenciarse la cooperación con los Servicios Sociales Externos, y, en la medida de lo posible, la participación de la sociedad civil en la vida penitenciaria; 8. El Personal Penitenciario desempeña una importante labor esencial de servicio público y su selección, formación y condiciones laborales debe permitir que dicho personal alcance un alto nivel profesional en la custodia de los internos; y 9.Todas las prisiones deberán ser inspeccionadas por parte del Gobierno de forma regular, y controladas por una autoridad independiente.

Estas Reglas Penitenciarias Europeas se actualizarán de forma regular, de acuerdo con lo previsto en la nº 108.

NB: En el ámbito de la ONU, las actuales Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las llamadas “Reglas Nelson Mandelaen homenaje al legado del difunto Presidente de Sudáfrica que pasó 27 años encarcelado durante su lucha por los derechos humanos, la igualdad, la democracia y la promoción de una cultura de paz a nivel mundial) se adoptaron en la Resolución A/RES/70/175, de 17 de diciembre de 2015.

Citas: [1] MATA Y MARTÍN, R. Fundamentos del sistema penitenciario. Madrid: Tecnos, 2016, p. 167. El cuadro que acompaña este in albis es obra de Gordon Smedt y se titula “Huir de la cárcel” (2015).

miércoles, 11 de enero de 2017

Medioambiente (XXVI): las licencias FLEGT contra la tala ilegal

La Comisión Europea comenzó a preocuparse por el creciente problema de las talas ilegales y el comercio asociado a esta práctica tras la Conferencia Ministerial sobre aplicación de leyes forestales que se celebró en Indonesia, en septiembre de 2001. En abril del año siguiente, celebró un taller internacional en Bruselas con expertos de los principales países productores y exportadores de madera, las industrias madereras, la sociedad civil y otras partes implicadas, dentro del proceso de preparación de un Plan de Acción, que también se basó en la Comunicación “Hacia una asociación global en favor del desarrollo sostenible”, de 13 de febrero de 2002, y en el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 2002). Con esos precedentes, el 21 de mayo de 2003, el ejecutivo comunitario adoptó una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales [más conocida por sus iniciales en inglés: Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)] - Propuesta de Plan de Acción de la Unión Europea», en la que solicitó la aplicación de medidas destinadas a luchar contra la explotación forestal ilegal mediante el desarrollo de acuerdos de asociación voluntaria [los Voluntary Partnership Agreements o VPA] con los países productores de madera, todo ello con el objetivo último de conseguir una gestión forestal sostenible.

Según la Comisión: la tala de árboles se considera clandestina cuando contraviene las leyes nacionales. La propia naturaleza clandestina de la acción dificulta la estimación de su cuantía y valor en relación con el comercio mundial de productos forestales (estimado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos en 150 MM€ anuales), pero existen importantes indicios que apuntan a un serio problema en constante crecimiento. El Banco Mundial, en la revisión anual de su política forestal mundial correspondiente a 1999, decía: “En muchos países, la tala clandestina es similar en volumen a la producción legal. En otros, sobrepasa ampliamente la tala legal de árboles”. La explotación ilegal de los recursos naturales, incluidos los bosques, está relacionada estrechamente con la corrupción y la delincuencia organizada. En algunos países con grandes bosques, la corrupción, alimentada por los beneficios de la tala clandestina, se ha extendido de tal manera que amenaza al Estado de Derecho, los principios democráticos y el respeto de los derechos humanos. En algunos casos, la explotación ilegal de los bosques está asociada igualmente a conflictos violentos. Los beneficios de la explotación ilegal de los bosques (y de otros recursos naturales) se usan a menudo para financiar y prolongar dichos conflictos.

Con el Plan FLEGT se creó un sistema de licencias para garantizar que en la Unión Europea sólo entre madera que haya sido talada legalmente, de conformidad con la legislación nacional del país productor –por regla general, naciones en vías de desarrollo– de modo que tampoco se impida su legítimo comercio. Como consecuencia, las importaciones europeas están sometidas a un sistema de controles e inspecciones que garantizan la legalidad tanto de la tala como de su exportación. Todo este proceso de licencias se reguló en el Reglamento (CE) nº 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea.

A día de hoy, la UE ya ha firmado seis acuerdos de asociación voluntaria (VPA) con Camerún, Ghana, Indonesia, Liberia, República Centroafricana y República del Congo; y otras nueve naciones se encuentran negociándolos con Bruselas (Costa de Marfil, Gabón, Guyana, Honduras, Laos, Malasia, República Democrática del Congo, Tailandia y Vietnam).

lunes, 9 de enero de 2017

El origen de las competiciones Moot Court

El juez Philip Caryl Jessup nació en Nueva York (EE.UU.) el 5 de enero de 1897; se graduó en Derecho en la Yale Law School, en 1924, y ese mismo año se doctoró por la Columbia University donde impartió clases de Derecho Internacional y Diplomacia entre 1925 y 1961; un extenso periodo en el que formó a los estudiantes que llegaron a ser –como reconoció el presidente Kennedy– los líderes de este ámbito jurídico. En todo ese tiempo, compaginó su labor docente con grandes responsabilidades diplomáticas, como por ejemplo, en 1943 ayudó al secretario general de la ONU a crear la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación [UNRRA, por sus siglas en inglés, que durante la postguerra ayudó a repatriar a los millones de desplazados por la II Guerra Mundial]; al año siguiente formó parte de la delegación de su país que acudió a la conferencia de Bretton Woods donde se establecieron el Fondo Monetario Internacional y el grupo del Banco Mundial; y en 1945 brindó asistencia técnica a la representación estadounidense que participó en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco (EE.UU.).

En 1961 fue nombrado juez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya (Países Bajos); cargo que desempeñó hasta 1970. Durante su magistratura destacó por su defensa de la dignidad del ser humano y su férrea oposición al uso unilateral de la fuerza por parte de los Estados para resolver sus controversias, abogando por la creación de una “gobernanza mundial”. De regreso a su país, continuó dedicándose al mundo académico hasta que falleció el 31 de enero de 1986 en Newtown (Pensilvania, EE.UU.).

Un año antes de que se trasladara a Europa, en 1960, el juez Jessup puso en marcha una actividad extracurricular en la capital estadounidense que consistía en simular un proceso judicial entre Estados para que los estudiantes de Derecho pudieran llevar a la práctica sus conocimientos teóricos al mismo tiempo que intercambiaban experiencias y aprendían a fundamentar sus argumentaciones, mejorando su capacidad de documentación y de trabajo en equipo. Gracias a la experiencia que adquirió en la década que trabajó al servicio del órgano judicial de la ONU y a su labor como diplomático, a partir de 1968, aquella competición de Washington se abrió a participantes de cualquier rincón del mundo, dando lugar a la Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. La más antigua en su género y una de las más prestigiosas que se celebran cada año.

Literalmente, la expresión anglosajona Moot Court significa tribunal simulado en castellano y hace referencia a una competición judicial en la que los participantes se ven obligados a enfrentarse a un caso hipotético, cuyos hechos presentan un problema jurídico específico, el cual debe ser resuelto a través de un memorial escrito, que posteriormente deberá ser argumentado oralmente en una simulación de juicio, ante una corte conformada por abogados expertos en esa área (…) o profesionales que por su labor se encuentran vinculados de forma directa con el tema discutido. En estos simulacros de litigios, los participantes se enfrentan a su contraparte, exponiendo argumentos que busquen persuadir a los miembros de la corte de la validez de la posición que están sosteniendo, para lo cual los estudiantes expositores deben contar con herramientas de oratoria suficientes, no sólo para presentar su memorial, previamente allegado a los jurados del concurso para su valoración, sino también para anticiparse o improvisar los alegatos de respuesta a su contraparte y resolver las inquietudes que puedan ser suscitadas en el seno del tribunal [ARÉVALO NARVÁEZ, C. “Moot court: más que concursos, experiencias. Tribunal simulado”. En: Díkaion, vol. 20, núm. 15, noviembre, 2006, p. 508].

viernes, 6 de enero de 2017

Las sedes del Tribunal Supremo español

El Art. 259 de la Constitución Política de la Monarquía Española que se promulgó y juró en Cádiz el 19 de marzo de 1812 [festividad de San José, por lo que esta ley fundamental recibe el apelativo de La Pepa] dispuso que: Habrá en la Corte un Tribunal, que se llamará Supremo Tribunal de Justicia. Por un decreto de 17 de abril de aquel año quedó instaurado el Tribunal Supremo que, finalmente, se constituyó el 20 de junio de 1812 en el gaditano Palacio de los Marqueses de Recaño (donde se encuentra el mirador de la Torre Tavira) ejerciendo su jurisdicción desde esta ciudad sobre todo el territorio español en Europa, América, África y Asia hasta su traslado a Madrid, como reza una placa conmemorativa. Aunque la guerra de la independencia y el asedio de la ciudad de Cádiz impidieron la eficacia de la nueva estructuración constitucional de la justicia. Con el repliegue del invasor, dicen los documentos de la época, se trasladaron a Madrid las Cortes de Cádiz, ya con el carácter de ordinarias, reuniéndose el día 15 de enero de 1814 en el Teatro llamado de los Caños del Peral y siguiendo su labor reformadora, aprobaron el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia por Decreto de 13 de marzo de 1814 –instalado ya en el Palacio de los Consejos o de los Uceda [actual sede del Consejo de Estado, en la madrileña calle Mayor] hasta 1875– que no tuvo vigencia alguna por la inestabilidad de la situación política y porque el primer acto de gobierno del Rey Fernando VII "el Deseado", al regresar del exilio, fue la derogación de la Constitución y de todos los decretos de las Cortes, por el llamado Manifiesto de Valencia de 4 de mayo de 1814. Ello significó la vuelta a los Consejos Reales y la confusión de los poderes administrativos y judicial como emanados del Poder Real [1].


El llamado Supremo Tribunal de Justicia se restableció durante el Trienio Liberal (1820-1823), tras el pronuciamiento de Rafael de Riego, pero con el regreso del absolutismo, Fernando VII declaró nulos todos los actos de gobierno emitidos desde el 7 de marzo de 1820 [Real Decreto de 1 de octubre de 1823] y volvió a recuperar el antiguo Consejo de Castilla. Esta situación se mantuvo hasta la siguiente década, cuando se instauró el denominado Tribunal Supremo de España e Indias, durante el reinado de Isabel II [Real Decreto de 24 de marzo de 1834]. Al año siguiente, el Art. 90 del Reglamento Provisional para la Administración de Justicia, de 26 de septiembre de 1835, ya le atribuyó promover la administración de justicia en todo el reino y conocer en primera y segunda instancia determinadas causas criminales. Por último, una Real Orden de 15 de agosto de 1836 cambió su nombre por el de Tribunal Supremo de Justicia.

En la segunda mitad del siglo XIX, y teniendo en cuenta que la administración de justicia carece por lo general en España de edificios propios en que los Tribunales puedan desempeñar dignamente sus augustas funciones, como señaló el preámbulo de un decreto de 27 de octubre de 1870, firmado por el regente del reino, Francisco Serrano. Esta disposición reglamentaria desamortizó el ex-convento de las Salesas viejas con sus dependencias para destinarlo a Palacio de Justicia en el que habrán de constituirse: Tribunal Supremo, la Audiencia de Madrid, los Juzgados de primera instancia, y en su día los Tribunales de partido y los Juzgados municipales entre tanto que no tengan locales propios en sus respectivos distritos, y las demás dependencias, de la administración de justicia.


La nueva sede que se eligió para albergarlo fue el antiguo Palacio y Monasterio de las "salesas" –Monasterio de la Bienaventurada Virgen María de la Orden de las Monjas de San Francisco de Sales– que mandó construir la reina Bárbara de Braganza, esposa del monarca Fernando VI, entre 1750 y 1758, para educar a las hijas de la nobleza. Salvo la iglesia unida al edificio, que continuó abierta al culto público, las obras de acondicionamiento del resto del inmueble duraron cinco años hasta que Alfonso XII lo inauguró el 2 de noviembre de 1875.

Desde entonces, el Alto Tribunal ha ocupado siempre el Palacio de las Salesas; con la única excepción de los diez años que transcurrieron entre 1915 y 1925 –cuando regresó al Palacio de los Consejos– mientras tuvo que reconstruirse todo el edificio por culpa del voraz incendio que lo destruyó el martes, 4 de mayo de 1915, siendo presidente del Gobierno, el malogrado Eduardo Dato


Según las crónicas periodísticas de la época, fue un niño de ocho años llamado Guillermo Valle quien dio la voz de alarma y gritó ¡Fuego! a las 13h00, al ver la humareda sobre uno de los esquinazos superiores del Palacio, cuando la sede judicial se encontraba llena de público, operadores jurídicos y funcionarios. Según la conclusión del proceso posterior que se incoó sobre el incendio -el sumario 230/1915- este había sido fortuito, muy probablemente causado por una chimenea que pasaba por una de las paredes del archivo, pues los dos días anteriores habían sido encendidas todas las chimeneas del edifico, cosa muy extraña pues esos días en Madrid hacía mucho calor. Como ha investigado María Luisa Román [2]: Los primeros que acudieron en auxilio fueron los niños Exploradores [los boy-scout], que tenían su sede en la calle del General Castaños. Montaron una carpa en la Plaza de la Villa de París para atender a los heridos, que luego se trasladaron a la casa de los Canónigos (hoy Tribunal Superior de Justicia) y a las casas de socorro más cercanas.

Si este in albis comenzó citando un precepto de la Constitución de Cádiz de 1812, lo terminaremos recordando que el actual Art. 123.1 de la ley fundamental de 1978 dispone que: El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
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