viernes, 2 de diciembre de 2016

La neutralidad de España en las dos guerras mundiales, según el BOE

En el nº 211 de la Gaceta de Madrid (precedente histórico del Boletín Oficial del Estado), de 30 de julio de 1914, Alfonso XIII ordenó a los súbditos españoles la más estricta neutralidad en el conflicto entre Austria, Hungría y Servia (por aquel entonces se escribía con “v”). Dos días después de que Viena declarase la guerra a Belgrado –tras el atentado de Sarajevo que desencadenó la I Guerra Mundial (1914-1918)– se publicó el siguiente texto: Existente, por desgracia, el estado de guerra entre Austria Hungría y Servia, según comunicó por telégrafo el Embajador de España en Viena, el Gobierno de S. M. se cree en el deber de ordenar la más estricta neutralidad a los súbditos españoles, con arreglo á las leyes vigentes y á los principios del Derecho público internacional. En su consecuencia, hace saber que los españoles residentes en España ó en el extranjero que ejercieren cualquier acto hostil que pueda considerarse contrario á la más perfecta neutralidad, perderán el derecho á la protección del Gobierno de S. M. y sufrirán las consecuencias de las medidas que adopten los beligerantes, sin perjuicio de las penas en que incurrieren, con arreglo á las leyes de España. Serán igualmente castigados, conforme al artículo 150 del Código Penal, los agentes nacionales ó extranjeros que verificasen ó promovieren en territorio español el reclutamiento de soldados para cualquiera de los Ejércitos ó Escuadras beligerantes. Cuando el conflicto armado se entendió por el Viejo Continente, afectando a Alemania, por un lado, y a Rusia, Francia y el Reino Unido, de otro, el mandato real se volvió a publicar en la Gaceta nº 219, de 7 de agosto de 1914 y, ese mismo año, se reiteró en otras siete ocasiones más ordenando a los súbditos españoles [que] guarden la más estricta neutralidad.


Veinticinco años más tarde, sucedió lo mismo con el estallido de la II Guerra Mundial (1939-1945). El Ministerio de Asuntos Exteriores publicó el Decreto de 4 de septiembre de 1939 ordenando la más estricta neutralidad en relación con el conflicto europeo: Constando oficialmente el estado de guerra que por desgracia existe, entre Inglaterra, Francia y Polonia, de un lado, y Alemania, de otro. Ordeno, por el presente Decreto, la más estricta neutralidad a los súbditos españoles, con arreglo a las Leyes vigentes y a los principios del Derecho Público Internacional.

Imágenes: Cuadro superior: C.R.W. Nevinson | Senderos de gloria (1917). Cuadro inferior: John Singer Sargent | The Dressing Station at Le Bac-du-Sud, on the Doullens-Arras Road, August 1918 (1919).

miércoles, 30 de noviembre de 2016

Los singulares juicios de Dunmow por media canal de cerdo

A finales del siglo XIV, tanto La comadre de Bath –uno de Los cuentos de Canterbury (The Canterbury Tales) escritos por Geoffrey Chaucer– como el poema Pedro el Labrador (The Vision of Piers Plowman), de William Langland, mencionaron la existencia de los denominados Flitch Trials o Juicios por media canal de cerdo [despiece transversal del animal, sin la cabeza]; una ancestral costumbre procesal que incluso se remonta tres siglos antes. Cuenta la tradición que, en el año 1104, Lord Reginald Fitzwalter y su esposa Lady Juga Baynard quisieron celebrar su primer aniversario de boda disfrazándose de campesinos para visitar el monasterio agustino de Little Dunmow (en Essex, Inglaterra) y pedirle al prior que los bendijera. Conmovido por su devoción, el sacerdote no solo les otorgó su gracia sino que les regaló una pieza de tocino. Cuando los nobles le descubrieron su verdadera identidad, Lord Reginald decidió donar sus tierras al priorato con la condición de que, en los años venideros, se premiara con idéntico corte de tocino a los matrimonios que demostraran estar tan bien avenidos como ellos y que no se hubieran arrepentido de casarse en ningún momento. Desde entonces, estos juicios –con parejas "demandantes" asistidas por un abogado ante un juez y un jurado formado por seis doncellas y seis solteros del pueblo– aún se celebran cada año bisiesto en la actual localidad inglesa de Great Dunmow. En el Museo Británico de Londres se conserva un documento de 1445 con la victoria de un hombre llamado Richard Wright, procedente de Norwich.


El antropólogo Jesús Suárez López comenta esta tradición en su artículo El tocino del paraíso: (…) Antiguamente existía una costumbre, que por cierto ha sido observada recientemente en Dunmow, en Essex, de dar una lonja de tocino de cerdo a cualquier pareja de casados que pudiera jurar que ninguno de los dos, en un año y un día, durmiendo o estando despiertos, se arrepintiera de su casamiento. Este singular juramento era tomado de la siguiente manera: «Deberéis jurar por costumbre de confesión, si alguna vez habéis hecho falta nupcial siendo marido o esposa, si habéis tenido peleas o discusiones, u otra cosa, en la cama o en la mesa, [u] ofendido uno al otro con acciones o con palabras, O, desde que el cura de la parroquia dijo Amén, deseasteis estar sin casar otra vez, o en doce meses y un día no os habéis arrepentido con pensamientos de ninguna forma, sino que os mantuvisteis leales en pensamiento y deseo como cuando unisteis vuestras manos en el coro. Si estas condiciones, sin ningún miedo, por vuestro propio acuerdo vais a jurar libremente, una pierna de cerdo entera vais a recibir, y soportarlo por tanto con amor y satisfacción. Dado que ésa es nuestra bien conocida costumbre en Dunmow, aunque el placer sea nuestro, el tocino de cerdo es sólo vuestro».



Los participantes debían tomar juramento ante el prior y el convento y toda la ciudad, humildemente arrodillados en el cementerio sobre dos duras y puntiagudas piedras, que todavía están allí. Luego eran llevados sobre los hombros de los hombres, primero por el cementerio del priorato y luego por la ciudad, con todos los frailes y hermanos y todos los ciudadanos, jóvenes y viejos, siguiéndoles con gritos y aclamaciones, con el tocino de cerdo delante de ellos (...) ¿Pero por qué una pierna de cerdo?, preguntará el lector curioso. No hay respuesta para esa pregunta, excepto por su utilidad como producto del hogar. La misma costumbre existía en Whichenover y también ha sido encontrada en Bretaña». SUÁREZ LÓPEZ, J. “El tocino del paraíso. Una costumbre inglesa, un refrán del Siglo de Oro y un cuento astur-andaluz”. En Revista de Filoloxía Asturiana, nº 1, 2001, pp- 171 y ss.

lunes, 28 de noviembre de 2016

¿En qué consiste el contrato de comodato?

El 14 de enero de 2000, el Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación Colección Arte Contemporáneo –un numeroso grupo de empresas privadas españolas que, desde 1987 y alentadas por Julián Trincado, asumieron el compromiso de contribuir a la conservación y divulgación del patrimonio artístico español a través de la formación de una colección de obras de arte contemporáneo– firmaron un acuerdo de cesión en comodato, sin contraprestación económica alguna, durante cinco años prorrogables, de los fondos artísticos actuales y futuras adquisiciones de esta colección que, en la actualidad, se expone en el Museo Patio Herreriano de la ciudad castellana. La primera estipulación de dicho acuerdo dispone que: Es objeto principal del presente Convenio la creación y regulación de un comodato de los fondos de la “Colección Arte Contemporáneo”, siendo comodatario de dicha Colección el Ayuntamiento, y comodante la Asociación y sus socios, a fin de que los fondos (…) puedan ser expuestos en el Museo de Arte Contemporáneo sito en el (…) edificio del Patio Herreriano del Monasterio de San Benito (…) que será la sede de la Colección. Otro centro museístico –el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid– reconoce que junto a las compras y las donaciones, una importante aportación a la colección la constituyen los comodatos, definidos como el contrato por el que el depositante o comodante entrega al museo un bien cultural para que lo use gratuitamente durante un período de tiempo (habitualmente no inferior a 5 años), al cabo del cual deberá restituirlo.


Con carácter general, en España, su marco legal se encuentra en el Art. 1740 del Código Civil donde se establece que Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo. El comodato es esencialmente gratuito; y, le dedica, ya de forma específica, el contenido de los Arts. 1741 a 1752 CC.

El primero de estos preceptos regula la naturaleza jurídica de este acuerdo: el comodante conserva la propiedad de la cosa prestada. El comodatario adquiere el uso de ella, pero no los frutos; si interviene algún emolumento que haya de pagar el que adquiere el uso, la convención deja de ser comodato; a continuación, prevé que las obligaciones y derechos que nacen del comodato pasan a los herederos de ambos contrayentes, a no ser que el préstamo se haya hecho en contemplación a la persona del comodatario, en cuyo caso los herederos de éste no tienen derecho a continuar en el uso de la cosa prestada.

Finalmente, el Código especifica tanto las obligaciones del comodatario (por ejemplo, que está obligado a satisfacer los gastos ordinarios que sean de necesidad para el uso y conservación de la cosa prestada) como las del comodante (que no puede reclamar la cosa prestada sino después de concluido el uso para que la prestó. Sin embargo, si antes de estos plazos tuviere el comodante urgente necesidad de ella, podrá reclamar la restitución).

El origen de este acuerdo se remonta al commodatum del Derecho Romano: un contrato real, bilateral imperfecto y de buena fe, por el que una persona –comodante– entrega a otra –comodatario– una cosa para que la use gratuitamente durante cierto tiempo, al cabo del cual deberá restituirla. La datio convierte al comodatario en detentador de la cosa, mientras la propiedad y la posesión siguen vinculadas al comodante (…) Objeto del comodato pueden ser las cosas corporales y tanto las muebles como las inmuebles [IGLESIAS, J. Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado. Barcelona: Ariel, 1987, p. 424].

viernes, 25 de noviembre de 2016

La pionera ley sueca de libertad de prensa

El Imperio de Suecia que dominó gran parte de Escandinavia y la costa del Mar Báltico entre los siglos XVI y XVII comenzó, a partir de entonces, un lento declive en beneficio de la nueva potencia regional: Rusia. En ese contexto, era inevitable que las derrotas sufridas en el extranjero y la pérdida de influencia exterior acabaran pasando factura a la política interior del país y, durante gran parte del siglo XVIII, el Parlamento [Riksdag] adquirió cada vez más prerrogativas en detrimento del poder soberano. Fue la llamada Era de las Libertades [Frihetstiden] que se desarrolló entre 1718 y 1772, cuando la Ilustración trajo consigo una época de progreso para las ciencias, la literatura, el comercio, la economía y –sobre todo– la libertad; gracias a la iniciativa de políticos como el diputado Anders Chydenius, reverendo de origen finés, que logró sacar adelante la pionera Ley de Libertad de Prensa [Tryckfrihetsförordning] firmada por el rey Adolf Fredrik el 2 de diciembre de 1766.

Aquella norma –como recuerda la embajada sueca en Madrid– no solo declaró la libertad de prensa, sino que además concedió a los ciudadanos el derecho jurídico a escrutar y distribuir documentos públicos en virtud del innovador principio del acceso público a la información. Todo ello sucedió más de veinte años antes de la firma de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia (1789) y veinticinco años antes de la aprobación de la Primera Enmienda en EE.UU. (1791).

miércoles, 23 de noviembre de 2016

Los tribunales internacionales que no existieron

La decimonónica Corte Permanente de Arbitraje (CPA) abrió la puerta a un gran número de tribunales que se fueron creando, a lo largo del siglo XX, con el fin de resolver las controversias que surgían entre los Estados mediante un arreglo judicial conforme al Derecho Internacional; por ejemplo, en el marco de la Sociedad de Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) sentó las bases de un verdadero procedimiento judicial internacional [1] mientras estuvo funcionando, entre 1922 y 1940. Tras finalizar la II Guerra Mundial, a la extinta CPJI le sucedió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se configuró como uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas; pero también se establecieron, entre otros, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) o la Corte Penal Internacional (CPI); órganos de ámbito regional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (AfCHPR), la Corte de Justicia del Benelux, la EFTA Court de la Asociación Europea de Libre Comercio, la Caribbean Court of Justice [tribunal de apelación de los países del CARICOM, con sede en Puerto España (Trinidad)], el Tribunal Común de Justicia y Arbitraje de la OHADA o el Tribunal Permanente de Revisión en el marco del Sistema de Solución de Controversias del MERCOSUR; así como los tribunales que juzgaron genocidios o crímenes de guerra [por ejemplo, el especial para Sierra Leona (SCSL)], el híbrido para Camboya (ECCC) o los ad hoc para Ruanda (ICTR) y la Antigua Yugoslavia (ICTY)]; sin olvidar que también existen otros importantes órganos casi judiciales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje para ayudar a resolver disputas sobre inversiones, dentro de la estructura del Grupo del Banco Mundial, o el Órgano de Solución de Diferencias encuadrado en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Todos ellos, en su conjunto, son la perfecta demostración de que la idea de una justicia universal puede ser una realidad y no un mero concepto teórico; pero, en todo ese tiempo, también nos podemos encontrar con algunos casos más inusuales: tribunales que llegaron a ser creados por un tratado internacional y que incluso reglamentaron su procedimiento pero, por diversas causas, nunca llegaron a iniciar su actividad y acabaron durmiendo el sueño de los justos sin poder impartir justicia. Veamos, de forma cronológica, algunos de esos órganos judiciales que no prosperaron como estaba previsto:
  1. El 18 de octubre de 1907 se firmó en La Haya (Países Bajos) la Convención para crear un Tribunal Internacional de Presas que debía funcionar como una corte de apelación para recurrir los casos relacionados con los apresamientos marítimos pero las potencias de aquella época no llegaron a ponerse de acuerdo con el desarrollo de sus reglas, adoptadas en la posterior Declaración de Londres (Gran Bretaña) de 1909.
  2. Aunque la Sociedad de Naciones fue incapaz de detener la escalada bélica que condujo al mundo a la II Guerra Mundial, durante sus dos décadas de existencia también ofreció algunas luces; por ejemplo, cuando se cometieron los Asesinatos de Marsella [el rey Alejandro I de Yugoslavia; el Ministro de Asuntos Exteriores francés, Louis Barthou; dos mujeres y un policía fueron asesinados en esta ciudad francesa el 9 de octubre de 1934], celebró una Conferencia en su sede, el 16 de noviembre de 1937, que dio como resultado la aprobación de dos pioneros tratados internacionales: La Convención para la Prevención y la Represión del Terrorismo y, por lo que ahora nos afecta, la Convención para la creación de una Corte Penal Internacional que promovió una tercera vía a la regla de aut dedere aut iudicare: el presunto terrorista podía ser juzgado donde hubiera cometido el delito, extraditarlo a su lugar de origen para ser procesado allí o –y ahí radicaba su originalidad– ser enjuiciado por este tribunal. Ninguno de estos dos tratados llegó a entrar en vigor al no lograr las ratificaciones necesarias, pero supusieron un notable precedente en la formulación de los actuales instrumentos jurídicos internacionales para prevenir los actos terroristas. Fue un importante intento de establecimiento de una jurisdicción internacional penal permanente, algo bien novedoso para el periodo (…) de entreguerras [2].
  3. El 25 de mayo de 1963, 32 países de África se reunieron en la capital de Etiopía para firmar la Carta de Adís Abeba que estableció la Organización de la Unidad Africana (OUA). Tres décadas más tarde, el 9 de septiembre de 1999, los jefes de Estado y de Gobierno africanos iniciaron, en Sirte (Libia), el proceso para transformar la OUA en la actual Unión Africana (UA) y adaptar su estructura a los nuevos desafíos del mundo. La propuesta se refrendó en el Tratado Constitutivo de la Unión Africana que se aprobó en la cumbre de Lomé (Togo) de 2000 y la nueva organización entró en vigor el 26 de mayo de 2001, celebrando su primera cumbre en Durban (Sudáfrica) al año siguiente. El Art. 1.d) de su Tratado estipuló que uno de los nueve órganos de la UA sería la Corte de Justicia de la Unión Africana; de hecho, el Art. 18 se remitió a la adopción de un posterior protocolo que sí que llegó a aprobarse en Maputo (Mozambique), el 11 de julio de 2003 e incluso entró en vigor en 2009, pero al final, este órgano judicial panafricano acabó integrándose como una sala más dentro de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (AfCHPR).
  4. El 25 de septiembre de 1969 se fundó la Conferencia Islámica (actual Organización para la Cooperación Islámica) en Rabat (Marruecos) que suele autodefinirse como la segunda mayor organización intergubernamental del mundo –tras la ONU– por su número de integrantes: 57. En 1987 se decidió dotarla de una Corte Islámica Internacional de Justicia, con sede en Kuwait, compuesta por siete jueces con jurisdicción contenciosa y consultiva que resolverán los litigios entre los Estados de acuerdo con la sharía (ley islámica) y, de forma subsidiaria, aplicando el Derecho Internacional así como la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia internacionales (a día de hoy, casi 30 años después de aprobar su Estatuto, este Tribunal aún no se ha constituido).
Citas: [1] COUVREUR, P. "La Corte Internacional de Justicia. Su contribución al Derecho Internacional". En AA.VV. España y la práctica del Derecho Internacional. LXXV Aniversario de la Asesoría Jurídica Internacional del MAEC. Madrid: Escuela Diplomática, 2014, p 148. [2] FERNANDES, J. M. La Corte Penal Internacional: Soberanía versus justicia universal. Madrid: Reus, 2008, p. 38.

lunes, 21 de noviembre de 2016

¿Qué es un modus vivendi?

El 28 de junio de 1905, la Gaceta de Madrid –precedente histórico del actual Boletín Oficial del Estado (BOE)– insertó la Real orden disponiendo que el 21 de Noviembre próximo deje de surtir sus efectos el modus vivendi comercial existente entre Italia y España; y, en sentido contrario, el 2 de julio de 1935 se publicó que: Por notas canjeadas con fecha 19 del corriente mes de Junio entre el Encargado de Negocios de España en San Salvador y el Gobierno de aquella República, queda prorrogado hasta el 31 de Diciembre y en su misma forma el Modus vivendi comercial vigente en la actualidad entre ambos países. Durante esas tres décadas, la Gaceta incluyó otras setenta disposiciones (la mayoría, relacionadas con el comercio internacional) que se referían al modus vivendi.

Hoy en día, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) –uno de los quince organismos especializados de Naciones Unidas– define el modus vivendi de igual manera que la propia ONU: se trata de un instrumento que registra un acuerdo internacional de carácter temporal o provisional, que habrá de ser reemplazado por una disposición de carácter más permanente y detallado. Habitualmente se produce de manera informal y nunca requiere ratificación. Es probable que, debido a esa naturaleza, tan poco convencional, esta suerte de “preacuerdo” ni siquiera se mencionara en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969.

En el Derecho Comunitario Europeo, este instrumento jurídico se concibe como una “orientación” para superar las dificultades que han surgido a la hora de adoptar otro acto jurídico de la Unión; por ejemplo: el Modus vivendi celebrado el 20 de diciembre de 1994, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, relativo a las medidas de ejecución de los actos adoptados según el procedimiento contemplado en el Art. 189 B del Tratado CE. En otras ocasiones, también se recurre a él para recordar a las instituciones comunitarias que, si no es posible avanzar en una negociación, esta puede ser la vía provisional para buscar una solución sin perjudicar los diferentes puntos de vista jurídicos de cada parte; así ocurrió con la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2014, en la que instó a la eurocámara y al Consejo a realizar algunos progresos mediante el establecimiento por parte de ambos de un procedimiento «modus vivendi» con una lista de los documentos que se han de intercambiar para cumplir sus cometidos respectivos en el procedimiento de aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea.

viernes, 18 de noviembre de 2016

El juez justo de Burundi y la institución de los Bashingantahe

La profesora almeriense Paquita Reche, que impartió clases en diversas naciones africanas durante la segunda mitad del siglo XX, publicó en 2012 la versión en castellano de un cuento tradicional burundés titulado El legado del juez justo. Dice así: Un día, Ngoma ya Sacega encontró a la Muerte y al Chacal discutiendo acaloradamente. La Muerte decía: “Soy yo el que gobierna a los hombres, mato a quien quiero”. La fiera contestó: “¡Tonta! No eres más [que] una depredadora como otros. El que gobierna a los hombres es Dios, Él es el que crea. Cuando se mueren diez, nacen ciento y si se mueren ciento, nacen mil. ¿Cómo puedes decir que eres tú quien gobiernas a los hombres?”. Siguieron discutiendo hasta que vieron a Ngoma ya Sacega y le dijeron: “¡Hombre! ¿No puedes reconciliarnos?”. “¿Queréis que medie entre vosotros? ¡Esperadme! Voy a informar al Rey, volveré a dictar sentencia, sea mañana o pasado mañana”. Ngoma fue y dijo al Rey: “Me voy a dictar sentencia. Déme el bastón de justicia y unos ancianos íntegros, para que vengan a escuchar el fallo que voy a dar”. El Rey le dio el bastón de justicia y los bashingantahe –los hombres íntegros– que había pedido y le dijo: “¡Vete y dicta una sentencia justa!”. Se fueron y hallaron a la Muerte y el Chacal discutiendo todavía.

Ngoma ya Sacega dijo: “¡Alto! ¡Alto! Donde hay hombres no se improvisa ante lo que divide. Venid y contadnos el objeto de vuestro litigio para que podamos dictar una sentencia justa”. La Muerte empezó, diciendo: “Lo que me opone a este Chacal es que no quiere admitir que soy yo quien gobierna a todos los hombres. ¡Si quisiera los exterminaría!”. Ngoma ya Sacega preguntó: “Y tú, Chacal ¿qué dices?”. “Yo digo que Dios es el más poderoso, es el que gobierna a los hombres, el que crea”. Ngoma ya Sacega se dirigió a la Muerte: “Muerte, ¿dices que tú eres quien gobierna a los hombres y que si quisieras los exterminarías?”. La Muerte respondió: “¡Así es!”. “¿Lo sostienes?”. “¡Sí, es lo que he dicho!”. “¡Quédate allí! Y tú, Chacal ¿no dices que Dios es el más poderoso, el que gobierna a los hombres, el que crea?”. “¡Sí, eso he dicho!”. Entonces, Ngoma ya Sacega se dirigió a la Muerte: “Muerte, pierde usted el proceso. ¡El más poderoso es Dios!”. La Muerte respondió: “¿Me golpeas con el bastón de justicia en la frente? ¡Ya verás! Diciendo esto saltó sobre juez y le hincó los dientes en el cuello”.

Mientras Ngoma ya Sacega se estaba muriendo, se dirigió a los hombres que estaban allí: “!Bashingantahe, pronunciad siempre una sentencia justa! ¡Aunque tengáis miedo y os cueste la vida, no pronunciéis un fallo injusto o de apaño!”. Cuando acabó de decir eso, se murió y los bashingantahe lo enterraron. Después volvieron a la Corte para devolver el bastón de justicia, como el juez les había pedido antes de morir. Contaron al Rey como Ngoma ya Sacega dictó sentencia contra la muerte y esta le mató. El Rey les dijo: “Tomad este bastón e id a construirle un palacio, que se llamará Tribunal”. Los bashingantahe construyeron un palacio para el bastón de justicia, que aun se encuentra en el Tribunal. Este es el legado de Ngoma ya Sacega: “Mushingantahe, hombre íntegro, quien quiera que seas, no temas dictar una sentencia justa aunque debas morir”.

Según la tradición burundesa, Ngoma ya Sacega no fue un personaje de ficción sino un magistrado que vivió a finales del siglo XVII, durante el reinado del mítico soberano Ntare Rushati, fundador de la dinastía que gobernó este país africano hasta 1966, cuatro años después de lograr la independencia de Bélgica (metrópoli que colonizó Burundi por mandato de la Sociedad de Naciones, en sustitución de la anterior potencia, Alemania, tras ser derrotada en la I Guerra Mundial). El mismo año que recuperó su soberanía, las autoridades de Bujumbura aprobaron la Ley de 26 de julio de 1962 que abolió impartir justicia por métodos consuetudinarios y, con el cambio de forma de Gobierno, la nueva República prohibió la jurisdicción de los Bashingantahe; pero, las masacres interétnicas de 1993 que provocaron más de 300.000 muertos y una cifra aproximada de 800.000 desplazados–prólogo del vecino genocidio que se produjo en Ruanda, entre hutus y tutsis, en 1994– pusieron de relieve su utilidad a la hora de intentar poner fin a la matanza indiscriminada de civiles porque la sociedad aún respetaba las decisiones de aquellos jueces y sus sentencias daban cohesión a un pueblo que necesitaba la reconciliación nacional.

 
Con más de tres siglos de antigüedad, los Bashingantahe (plural del término ubushingantahe que, literalmente, significa: quien afianza la ley) continúan siendo, hoy en día, una institución de justicia restaurativa que resuelve las controversias recurriendo a la mediación, la conciliación o el arbitraje entre las partes enfrentadas.

La anterior Constitución de Burundi, de 1992, se refería al Conseil des Bashingantahe pour l’unité nationale et la réconciliation hasta en ocho ocasiones, en los los Arts. 99 y 150 a 152, configurándolo como un órgano consultivo; en la actual ley fundamental de 2005, su Art. 269 ha integrado la institución del Ubushingantahe dentro del National Council for National Unity and Reconciliation.
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