El Muro de Berlín se derribó durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, desapareciendo el símbolo más visible del telón de acero y de la Guerra Fría que dividieron Europa en dos bloques antagónicos desde finales de la II Guerra Mundial, dando paso a la reunificación de Alemania mediante la adhesión de la antigua República Democrática a la República Federal en 1990. Sobrepuestos del entusiasmo, los políticos comprendieron que la situación económica de aquellos nuevos Estados (Länder) del Este era notablemente inferior a los del Oeste y que, para desarrollarlos y que lograran su plena equiparación, era necesario establecer un recargo de la solidaridad (Solidaritätszuschlag; más conocido entre los alemanes por su abreviatura: Soli) que gravase, entre otras, las rentas de las personas físicas (IRPF) y jurídicas (Impuesto sobre Sociedades) para hacer frente al coste de la reunificación.
El 24 de junio de 1991 se aprobó la breve Ley que lo regula, la denominada Solidaritätszuschlaggesetz (SolzG), que fijó ese recargo adicional en el 7,5% anual. Desde entonces, el porcentaje ha oscilado entre el 3,75% hasta el 5,5% de la actualidad. Durante estos trece años, los alemanes han debatido mucho sobre su posible inconstitucionalidad, el destino que debía darse al dinero recaudado (¿sólo se debe aplicar al Este o también a otras zonas deprimidas del Oeste? ¿Y a otros fines?) y, sobre todo, hasta cuándo van a estar los bolsillos de los contribuyentes costeando el precio de la reunificación (¿el límite será 2020?). Más allá de estas polémicas, lo más destacado de este recargo es, sin duda, que demuestra la capacidad de compromiso y el esfuerzo solidario de todo un pueblo.
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